La comisión parlamentaria de investigación (CPI) que estudia la situación de los familiares de las víctimas del accidente aéreo que transportaba al equipo de fútbol Chapecoense, ocurrido en 2016, en Colombia, aprobó el lunes (11) informe del senador Izalci Lucas (PSDB-DF). El texto presenta siete «necesidades evidentes» que hay que satisfacer, entre ellas la de permitir a las familias interesadas adherirse al Fondo de Asistencia Humanitaria, que se amplió de 15 a 25 millones de dólares tras el inicio de los trabajos de la comisión.
Según reporta nuestro medio asociado en Brasil, Aeroin, este fondo fue creado por la compañía de seguros Tokio Marine Kiln para indemnizar a los familiares de las víctimas del accidente.
Creada en diciembre de 2019, esta comisión parlamentaria estuvo paralizada durante dos años debido a la pandemia y cerró sus actividades este lunes -fecha legalmente prevista para el fin de su trabajo-.
Izalci dijo que incluyó en el informe los importantes avances logrados entre mayo y julio de este año, como la apertura del diálogo con la aseguradora Tokio Marine Kiln y la correduría AON UK para ampliar el valor del Fondo de Asistencia Humanitaria y permitir que se lleven a cabo acuerdos individuales, sin que las familias se vean obligadas a renunciar a las acciones ya en curso en los tribunales.
El senador también señaló que, siguiendo la sugerencia de otros miembros de la comisión, eliminó una de las «necesidades evidentes» que aparecía en la versión anterior del informe (presentada en mayo), que se refería a la posibilidad de iniciar «un procedimiento de arbitraje con la compañía de seguros Tokio Marine» para evitar una posible composición de la empresa con Petrobras y la Caixa Econômica Federal. Valoró que las empresas estatales contribuyeron a las actividades de la CPI al indicar que ambas están «totalmente seguras» en relación con las garantías de la asociación que se hizo.
«Quiero decir aquí mi alegría, mi satisfacción, por haber contribuido de alguna manera a que por lo menos este acuerdo sea viable, se repare parcialmente, financieramente, porque no hay manera de reparar esto de otra manera, no hay manera, no hay precio para reparar a todas las víctimas. Pero, de todos modos, dimos allí una esperanza y una participación más, una contribución del fondo humanitario, que inicialmente era de 15 [millones de dólares], pasó a 25 [millones de dólares], y puede llegar incluso a 30 [millones de dólares], pero dejando allí el derecho de todos los familiares de las víctimas a buscar todavía otra solución jurídica», dijo Izalci.
Viaje a Londres
El presidente de la CPI, el senador Jorginho Mello (PL-SC), destacó que la semana pasada fue a Londres, donde se reunió con directivos de la aseguradora Tokio Marine Kiln. Para él, fue la acción de la comisión la que hizo que el grupo aumentara de 15 a 25 millones de dólares el valor del Fondo de Asistencia Humanitaria, creado para indemnizar a las familias de las víctimas de la tragedia. Según Jorginho, hay margen para que esta cantidad aumente hasta los 30 millones de dólares.
«Me he dado cuenta de que podemos luchar por un poco más, para aumentar el valor del fondo hasta los 30 millones de dólares. Sin embargo, para que eso ocurra, se requiere la aceptación previa del 100% de las familias [de las víctimas]. Si el 100% no acepta el aumento de valor, se entiende que no hay posibilidad de acuerdo. Por lo tanto, pido a las familias que, si están de acuerdo y lo desean, envíen un correo electrónico a mi oficina, a henriquejunqueira@senado.leg.br, diciendo si aceptan o no el aumento a 30 millones de dólares. El plazo para remitir este correo electrónico, con la aceptación o no, será de 30 días a partir de la fecha de hoy», informó Jorginho.
En la evaluación del senador Esperidião Amin (PP-SC), el viaje y la reunión de Jorginho Mello con los representantes de la aseguradora Tokio Marine Kiln «complementaron los esfuerzos» y las disposiciones que ya estaban establecidas en el informe de Izalci Lucas.
«No me corresponde valorar si estas cifras que usted {Jorginho Mello] presentó y estas condiciones… No conozco los contratos que se van a hacer, los contratos de liquidación. Por lo tanto, no puedo emitir un juicio de valor. Pero creo que esto representa algo más de lo que cabría esperar de una CPI. Lo que se espera de una CPI es que investigue los hechos ocurridos y proponga o establezca las normas que deben seguirse para reducir la inseguridad».
«El informe del senador Izalci menciona una serie de propuestas de disposiciones, recomendaciones a la Anac [Agencia Nacional de Aviación Civil], al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Conmebol [Confederación Sudamericana de Fútbol] y a la CBF [Confederación Brasileña de Fútbol], incluso porque, hasta donde yo sé, no se añadió ninguna regla de seguridad adicional a las normas que se practican hoy, seis años después, tanto en la Copa Sudamericana, que era la competición que entonces jugaba el Chapecoense y que ganó merecidamente en un gesto de grandeza de los colombianos, como en la Libertadores de América», dijo Esperidião Amin.
Actualización del importe
Izalci Lucas dijo que el avance de las negociaciones con la aseguradora Tokio Marine Kiln permitió incluir en el informe un pasaje en el que se confirma que las familias interesadas en formalizar un acuerdo para recibir recursos del Fondo de Ayuda Humanitaria también podrán continuar con sus demandas «contra otras empresas eventualmente responsables del seguro, como la corredora Aon». También informó de que las cantidades ya recibidas por las 24 familias que habían decidido firmar el acuerdo con Tokio Marine Kiln en el pasado tendrán la diferencia actualizada, teniendo en cuenta el nuevo valor del fondo, de 25 millones de dólares.
«Las 24 familias que ya habían recibido 225.000 dólares también recibirán 142.000 dólares más cada una. Ya las 44 familias que aún no se han adherido al acuerdo podrían recibir, entonces, 367 mil dólares», subrayó Izalci.
Conclusiones
Las siete «necesidades evidentes» señaladas en el informe de Izalci Lucas son las siguientes:
- Indemnizar, «contractual y extracontractualmente», a las víctimas y a los familiares de las víctimas del vuelo CP 2933 de la aerolínea LaMia, y «alcanzar los posibles delitos penales y administrativos» cometidos por los implicados en el accidente.
- «Frenar los esfuerzos emprendidos por algunos de los actores implicados, en particular la reaseguradora Tokio Marine Kiln Limited y el corredor AON UK Limited, para negar o restringir la cobertura del seguro y, en consecuencia, impedir una indemnización justa para las víctimas y sus familias».
- Abrir «un procedimiento para investigar la solvencia de las filiales de Tokio Marine Kiln Limited y AON UK Limited en Brasil», debido a las «repercusiones negativas, incluso financieras, que conlleva el caso, por el deterioro de la imagen» de las empresas.
- Mejorar las normas y protocolos operativos del transporte aéreo de pasajeros, dado que LaMia operó durante unos seis meses, a pesar de los problemas de seguridad, sin que los organismos reguladores manifestaran lo contrario.
- Mejorar las normas y protocolos de funcionamiento de las competiciones deportivas, dado que LaMia, a pesar de los problemas financieros y de seguridad, ha transportado a varios equipos de fútbol «sin ningún tipo de control por parte de las entidades responsables de los campeonatos».
- Permitir que las familias interesadas se adhieran al Fondo de Asistencia Humanitaria, en los términos acordados con la aseguradora Tokio Marine Kiln en la reunión celebrada en Londres, es decir, sin necesidad de esperar el consentimiento de todos los implicados en el proceso de indemnización antes de reclamarla, y con la posibilidad de continuar con las acciones legales «contra otras empresas que puedan ser consideradas responsables del seguro, como la correduría Aon».
- Mejorar la legislación relacionada con el tema investigado por la CPI. El informe menciona cuatro proyectos de ley, uno que prevé la modificación de las normas de los seguros privados en el Código Civil y tres que prevén la modificación del Código Brasileño de Aeronáutica para reforzar la responsabilidad de los aseguradores y transportistas.
El dictamen de Izalci Lucas concluye que hay cinco empresas «igualmente responsables de la indemnización, ya que tuvieron participación directa en la emisión de la póliza de seguro, todo indica, fraudulenta»: la Corporación LaMia, con sede en Bolivia; Bisa Seguros, también boliviana, con la que LaMia contrató el seguro; Tokio Marine Kiln Limited, con sede en el Reino Unido, con la que Bisa contrató el reaseguro; y los corredores AON UK y Grupo Estratégica (antes AON Bolivia), que actuaron como representantes del asegurador y del reasegurador y asesores de LaMia.
CPI
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del accidente del Chapecoense fue creada para investigar el retraso en el pago de las indemnizaciones debidas a las familias de las víctimas de la tragedia. El trabajo tuvo como presidente y vicepresidente, respectivamente, a los senadores Jorginho Mello (PL-SC) y Dario Berger (PSB-SC).
En la tragedia murieron 71 personas, entre ellas 68 brasileños. Hubo seis supervivientes. Las investigaciones determinaron que la causa del accidente fue la pérdida de control de la aeronave debido al agotamiento del combustible. El equipo del Chapecoense viajaba para enfrentarse al Atlético Nacional de Medellín, Colombia, en la final de la Copa Sudamericana 2016.
El Fondo de Ayuda Humanitaria fue creado en 2017 por Tokio Marine Kiln. Desde entonces, 24 familias han firmado el acuerdo, mientras que 44 no han aceptado sus condiciones.
