En un nuevo capítulo de la historia del rescate estatal a Plus Ultra, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordó desbloquear los 34 millones de Euros que había inmovilizado como parte de la medida cautelar impulsada por la causa abierta por presuntas irregularidades en la concesión realizada por el Consejo de Administración de la SEPI.
De acuerdo a lo reportado por el diario ABC, el juzgado hizo lugar al recurso presentado por la aerolínea porque entiende que mantener suspendida la entrega de esos fondos «puede suponer el riesgo de insolvencia definitiva de Plus Ultra, obligándola a dejar de operar y creando un perjuicio a los pasajeros que han pagado por anticipado».
En esta etapa del plan de rescate, la justicia había hecho lugar a un pedido de suspender el desembolso de dinero porque por un lado no se había probado la necesidad de la ayuda y por otro, las garantías de devolución de los 53 millones de Euros destinados al rescate eran (más de uno dirá que son) exiguas.
Plus Ultra debía justificar entonces estos 34 millones «como única forma de poder mantener la viabilidad de la empresa». La aerolínea presentó un informe pericial en el que confirmó la necesidad de ese desembolso, y si bien falta el informe encargado por el juzgado, se evaluó y estableció que la entrega de fondos permite que la empresa continúe siendo viable, lo que a la larga le permitirá devolver lo entregado, en contraposición con denegar estos 34 millones, llevar a Plus Ultra a la quiebra y que los 19 millones ya desembolsados se pierdan definitivamente.
Plus Ultra indicó que la decisión judicial es «un paso fundamental en el camino que estamos siguiendo para demostrar toda la manipulación, las falsedades y los ataques que están sufriendo, no sólo la compañía, sino también nuestros empleados, socios y accionistas, a quienes queremos agradecer su enorme dedicación y compromiso en estos difíciles momentos», según dice Fernando García Manso, Presidente de la compañía.
Manso agrega que será importante que «se nos deje de utilizar en una batalla política con la que no tenemos nada que ver, y que está generando daños muy graves e injustos para la reputación de la compañía, de sus empleados y de algunos de sus miembros y/o accionistas».
