El Ministerio de Transporte de la Nación sorprendió ayer al anunciar que se eliminarán las tarifas mínimas de referencia, quizás uno de los principales bastiones del proteccionismo aerocomercial argentino.
Si bien la última vez que se incrementaron fue hace casi cuatro años, en diciembre de 2014 (por lo que inflación y devaluación mediante quedaron muy desactualizadas), todavía funcionaban como una barrera para evitar que las compañías aéreas puedan competir libremente y desemboquen en una guerra de tarifas, situación que resultaba incoherente con esta nueva etapa de la industria en la que se promueve la llegada de nuevos jugadores, muchos de ellos bajo el modelo de negocio low cost, que utilizan tarifas ridículamente bajas como una de sus principales herramientas de publicidad y promoción (porque no hay diario que se resista a titular «Tobara lanza pasajes a un peso»).
Ahora, gradualismo mediante, el gobierno permitirá, a partir del 15 de agosto, que aquellos pasajes ida y vuelta comprados con al menos 30 días de anticipación puedan ser rematados al precio que cada aerolínea quiera.
«Esta medida produce reducción de precios para que más argentinos puedan volar en el país. Los pasajeros encontrarán más ofertas con mejores precios y aumentarán las promociones en momentos de temporada y en vuelos con baja ocupación. Seguimos trabajando en una Argentina más y mejor conectada», comentó Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.
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Actualmente las tarifas de referencia permiten jugar con una flexibilidad de hasta el 20% por debajo de las mismas para algunos asientos bajo ciertas condiciones como la compra al menos diez días antes, un mínimo de dos noches de pernocte y un máximo de 14 noches, o bien que forme parte de un paquete turístico.
Durante los últimos meses las compañías venían recurriendo a diferentes artilugios para poder traspasar ese piso. Flybondi por ejemplo «subsidiaba» las tasas a los pasajeros u ofrecía promociones de reintegro con tarjetas de crédito.
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La posibilidad de ofrecer tarifas más económicas también abrirá la puerta a la posibilidad de que las aerolíneas mejoren sus factores de ocupación. En el primer semestre de este año ese valor alcanzó el 75%, dos puntos porcentuales menos que el mismo período de 2017, todavía bastante lejano del 82% promedio para los mercados de cabotaje a nivel global o incluso del 83% registrado en Brasil el año pasado.
Por sobre todas las cosas, que las compañías promocionen tarifas a un peso, a diez o a cien permitirá quebrar, esperemos de manera definitiva, la sensación de que el transporte aéreo en Argentina está vedado para niveles socioeconómicos por debajo de la clase media o media-alta.
Que una gran parte del público «sienta» accesible al avión lo irá posicionando paulatinamente dentro de su conjunto evocado a la hora de planear un viaje, lo cual ayudaría a consolidar un aumento de la demanda, el consiguiente aumento de la oferta, y nos acerque hacia un mercado aerocomercial más maduro. Sí, todavía falta muchísimo, pero es un camino a seguir.
No puedo evitar mencionar que más que nunca las autoridades aeronáuticas argentinas deberán ponerse a la altura de las circunstancias y controlar que nada de esto afecte negativamente la seguridad operacional del sistema.
Un breve repaso a la evolución de las bandas tarifarias entre 2002 y 2014
Las bandas tarifarias de septiembre de 2002 fueron establecidas por el decreto 1654/2002, en el marco de la declaración del estado de emergencia del transporte aerocomercial en Argentina. Era el primer aumento establecido en años, y con el país todavía humeante tras el estallido de 2001. El decreto derogaba la resolución 47 del ex Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que establecía una banda tarifaria cuya flexibilidad llegaba hasta el 45% hacia arriba o abajo de las tarifas de referencia. A partir de ese momento, además de incrementarse las tarifas de referencia, la flexibilidad llegaba sólo hasta un 20% en casos especiales.
Del 2002 se tuvo que esperar recién a agosto de 2006 para que las tarifas de cabotaje vuelvan a ser actualizadas mediante el decreto 1012/2006, que además declaraba la continuidad del estado de emergencia del transporte aerocomercial en Argentina. En esa ocasión las tarifas aumentaron un 9% en promedio. Pero el mismo decreto establecía una nueva banda tarifaria 30 días después, por lo que en total el aumento fijado allí fue de un 18% en promedio.
Tras ese aumento el mercado tuvo que sobrevivir con tarifas congeladas hasta abril de 2008, aunque con subsidios al combustible JP1 entre otros beneficios, cuando mediante la resolución 257/2008 de la Secretaría de Transporte las tarifas de referencia aumentaron un promedio del 18%, pero los números todavía no daban, por lo que apenas un mes después, mediante la resolución 315/2008, las tarifas aumentaron otro 18%.
Un año y medio después, en noviembre de 2009, mediante la resolución 227/2009, las tarifas de referencia volvieron aumentar, esta vez un 20% en promedio. En junio de 2010, mediante la resolución 118/2010 las tarifas se incrementaron un 15%, y en octubre del mismo año volvieron a subir un 10% mediante la resolución 210/2010. Durante 2011 las tarifas aumentaron en total un 16%, en dos tramos: un 8% en marzo (resolución 64/2011) y otro 8% en mayo (resolución 112/2011).
2012 seria el primer año con tres aumentos, que en total acumularon un 44% en promedio en el caso de la tarifa de referencia y 86% en el caso de la tarifa máxima. En febrero las tarifas aumentaron 22% (resolución 23/2012), en junio lo hicieron otro 12% (resolución 49/2012) y en noviembre hubo un nuevo aumento del 10% (resolución 778/2012).
En 2013 sólo hubo dos aumentos: 9% en mayo (resolución 265/2013) y 12% en diciembre (resolución 1595/2013).
En principio, lo que podemos ver es que de septiembre de 2002 a diciembre de 2014 las tarifas de referencia fueron incrementadas en 18 oportunidades, multiplicando casi por ocho el valor de la tarifa de referencia y por once el de la tarifa máxima.
Precisamente esta última fue eliminada del todo en febrero de 2016 a través del Decreto 294/2016, quizás el primer acto «desregulatorio» hacia la industria de la gestión Macri.
